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Habeas data

Pedro Oller poller@ollerabogados.com | Martes 11 marzo, 2008

Habeas data

Pedro Oller

Nos urge legislar en materia de protección de datos e información. El último proyecto serio fue presentado hace más de diez años por el entonces diputado Constantino Urcuyo. Desde entonces, la proliferación de servicios, fuentes y requerimientos nos exponen a la diseminación indiscriminada de nuestra información y hay muy pocos recursos para protegerse.
Hay páginas en línea que permiten conocer además del nombre completo, número de cédula y fecha de nacimiento de un individuo; también, números de teléfono de referencia (así no estén a su nombre pero que han sido suministrados como tales), sociedades anónimas en las que ostenta cargos, empleo, prendas e hipotecas y procesos judiciales pendientes, entre otras cosas. Dichosamente, el sitio web también registra quienes hacen la consulta permitiéndole al investigado conocer la identidad de quien investiga. Confieso tener la paranoica costumbre de revisarme periódicamente con el fin de ver quién me está viendo. En algunas ocasiones he llegado incluso a confrontar al voyeur, aunque el resultado nunca ha sido satisfactorio.
La preocupación se extiende ahora, no solo a quienes venden el servicio por Internet, sino también a la solicitud ilimitada que, por medio de sus fiscalizados, hace la SUGEF de información de los clientes bancarios.
Si bien es cierto el cliente puede rehusarse a levantar el secreto bancario y proporcionar la información que la SUGEF requiere, también lo es que esta decisión no está exenta de consecuencias. Para el banco, la decisión del cliente implica reservar un 25% del monto de la operación. Para el cliente que desea guardar su información, por las razones que sean, el ser etiquetado de riesgoso y, seguramente, una posición menos favorable en la gestión de créditos.
Es cierto que la Ley Orgánica del Banco Central faculta a la SUGEF en su inquisición. Sin embargo, y por eso es de reiterarse la urgencia, no se establecen los límites que necesariamente debería conllevar esa actividad. Tampoco las salvaguardas que existen respecto de la información suministrada. Confidencialidad que, como es lógico, debe privar las relaciones de este tipo. Y, aunque existe desde la legislatura anterior un proyecto de ley a este respecto, otros temas son los que han ocupado a los diputados y en consecuencia, amplia la aplicación actual del criterio.
Como clientes bancarios nos preocupa el riesgo implícito en el manejo y conservación de los datos suministrados. En la era de la información, esta se vuelve la gran espada de Damocles. Gran Bretaña en noviembre pasado vivió días de ansiedad y confusión cuando su oficina de impuestos y aduanas, perdió los registros de 25 millones de ciudadanos incluyendo detalles bancarios de más de 7 millones de ellos. ¿Qué garantía tenemos de que esto no ocurrirá o está ocurriendo aquí?

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