Que no nos tapen el sol y nos dejen trabajar

Tramitomanía, “no me tapes el sol”

Cuenta la tradición sobre el encuentro, en la antigua Grecia, entre Diógenes, el filósofo que vivía en las calles y había convertido la pobreza en virtud, y Alejandro Magno, el primer gran emperador de la historia.
Estaba Diógenes en su barril, pensando, cuando Alejandro —interesado en conocerlo— se le acercó y preguntó si podía hacer algo por él. Diógenes le respondió: “Sí, tan solo que te apartes porque me tapas el sol.”
Si hoy preguntáramos a los costarricenses qué esperan del Gobierno, muchos contestarían algo parecido. Que la Administración Pública no los siga hostigando, ni incordiando, ni empapelándolos cuando quieran abrir una pequeña empresa, una pulpería, un taller, un hotelito, una oficina de contabilidad, una peluquería, una soda, una granja, cualquier emprendimiento.
Puestos a escoger, pedirían que los dejaran trabajar y les eliminaran trabas, requisitos, permisos, licencias, estudios de impacto ambiental costosísimos, autorizaciones, patentes indeterminadas, regulaciones urbanísticas excesivas.
No se quejan de requisitos razonables, sino de requisitos excesivos, subjetivos, irrazonables e interminables. En el Reporte de Competitividad Global, al preguntar sobre los problemas más graves para emprender, el primer lugar se lo lleva la ineficiente burocracia estatal; el quinto lugar, las restricciones regulatorias laborales, y en sexto, las regulaciones impositivas.
Es decir, la tramitomanía, la sobrerregulación, son problemas más graves que la inadecuada infraestructura (segundo lugar) o que la cantidad y el nivel de los impuestos. Agreguemos que esa maraña de trámites discrecionales, es fuente segura de corrupción.
¿Qué podemos hacer para limitar la tramitomanía?:
1) Contener el crecimiento de trámites reglamentarios. Que antes de dictar un nuevo decreto o una ley, un órgano técnico señale cuál sería su impacto presupuestario y regulatorio, para que se conozcan los efectos y se impulsen las acciones para evitar o mitigar esos impactos.
2) Simplificar permisos y autorizaciones de entidades públicas. Que no se exijan certificaciones o constancias que consten en registros de cualquier Administración Pública; que si se necesitan los permisos, solo deba acudirse a una ventanilla para cualquier trámite (ventanilla única), etc.
3) Definir y aplicar consecuencias por incumplimiento de plazos. Esto debe incluir: silencio positivo siempre, salvo que la Ley disponga expresamente lo contrario, sin aplicar analogía para derogar el efecto positivo; que la anulación de la aprobación o autorización por silencio positivo, solo será aplicable por nulidad absoluta, evidente y manifiesta; que cuando el silencio positivo no sea aplicable, al vencer el plazo el habitante pueda instar aprobación o respuesta específica, lo que dará un plazo de tres días máximo para la misma; en caso de que no aplique el silencio positivo y hayan vencido los plazos, que la Administración tenga la carga de la prueba, es decir, que deba probar que el permiso o autorización son ilegales.
Que no nos tapen el sol y nos dejen trabajar.

Rodolfo E. Piza Rocafort

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