¢67 millones es el dinero destinado a regular 53 universidades y 84 sedes regionales, sin tomar en cuenta las aulas desconcentradas

De platas, regulación y Conesup

Este año, las universidades estatales se repartieron ¢410 mil millones, y para el próximo, esperan recibir 14 mil millones adicionales, del nuevo paquete de impuestos que todavía no se ha aprobado.
Para poner las cifras en perspectiva, en 2014 el Ministerio de Educación Pública presupuestó ¢67 millones anuales para realizar sus labores de fiscalización de las universidades privadas. Usted leyó bien: ¢67 millones es el dinero destinado a regular 53 universidades y 84 sedes regionales, sin tomar en cuenta las aulas desconcentradas.
Del presupuesto total del Conesup, se asigna el 36% a dietas. En esencia, el MEP históricamente ha destinado unos ¢28 mil mensuales para fiscalizar cada sede universitaria, de los 2,2 billones de colones que recibe, cuando el sector privado gradúa al 77% de la población universitaria en 1.200 carreras.
Con semejantes ingresos que reciben las universidades estatales y el MEP, cuesta creer que la Asamblea Legislativa tenga que girar mayores recursos al Conesup para aumentar su raquítico presupuesto.
Ahora, debemos preguntarnos, a razón de ¢28 mil mensuales por sede, ¿cómo ha venido ejerciendo el Conesup las labores más estratégicas de fiscalización? La respuesta es evidente: no las viene realizando.
A manera de ejemplo, en los últimos cinco años, el Conesup autorizó solo 2,6 carreras nuevas por año. Además, aprobó, en promedio, 21 modificaciones de planes de estudios por año. No le pueden seguir achacando a las universidades privadas la desactualización de sus planes de estudio o la falta de disponibilidad de una oferta académica suficiente y pertinente a los requerimientos del sector productivo cuando el ente regulador solo está en capacidad de aprobar dos carreras nuevas y actualizar menos del 2% de la oferta total de las carreras activas al año.
Pero es que, además, el Conesup tendría que utilizar herramientas tecnológicas y sistemas para recabar, ordenar y divulgar información al público sobre las características y desempeño de las instituciones y sus profesores, y utilizar software estadístico para estudiar la evolución de los indicadores de gestión principales y aplicar técnicas de muestreo en sus labores de fiscalización.
El Conesup debería conocer a fondo a las universidades que regula, por ejemplo, los índices de satisfacción de sus estudiantes, profesores, administradores, egresados y empleadores, para establecer áreas de atención prioritaria y requerir planes de mejoramiento correctivos. Debe cerciorarse de que el profesorado que fue autorizado por el Conesup sea el que, de hecho, esté impartiendo lecciones en las instituciones y asegurarse de que la totalidad de la planilla docente esté reportada ante la Caja Costarricense del Seguro Social. Debe contar con la posibilidad de contratar especialistas en las diferentes disciplinas para pronunciarse sobre los diseños curriculares que presentan las universidades. Se requieren recursos, pero también dedicación a labores estratégicas.

Silvia Castro

Rectora de Ulacit

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