Corte IDH se iría del país si Costa Rica abandona organismo por fallo a favor del aborto
Mandatario ha señalado que Costa Rica es un país provida
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Viernes 06 diciembre, 2024 10:00 a. m.
En caso de que el gobierno de Costa Rica reniegue y abandone la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), este organismo internacional podría trasladarse fuera del país.
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Pablo Saavedra, secretario de la Corte IDH, mencionó esta posibilidad en una entrevista con Diario Extra, al referirse al caso “Beatriz vs. El Salvador”.
“Tendría que ver la Corte si puede permanecer en un país que no la reconoce. Es difícil; si un país no reconoce la jurisdicción de la Corte, ¿por qué permanecer en él?”, expresó el funcionario. También indicó que le resulta complicado imaginar que Costa Rica, históricamente defensora de la democracia y los derechos humanos, abandone este organismo.
“Salirse del sistema interamericano es como borrar toda la historia de Costa Rica y su imagen hacia afuera; es cambiar una imagen con la comunidad internacional, con los países europeos y latinoamericanos”, añadió.
A finales del año pasado, el presidente Rodrigo Chaves afirmó en una entrevista con un medio digital que, si la Corte IDH obliga al Estado a legalizar el aborto, sería necesario considerar la salida del país de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Recientemente, el mandatario ha sido más reservado en sus declaraciones, aunque reiteró que Costa Rica es un país provida y que, si un fallo afecta sus intereses, se tendrá que abrir una “discusión muy fuerte”.
“Este gobierno es absolutamente provida. Lo he dicho una y mil veces, vamos a luchar hasta el último segundo para defender los derechos de los niños en el vientre de una mujer (…) Don Fabricio cometió el error de presentar una moción hipotética. Nosotros vamos a esperar el fallo, vamos a ver si ese fallo es vinculante para Costa Rica; esperamos que no”, comentó Chaves.
El caso
Según información oficial de la Corte IDH, el caso “Beatriz vs. El Salvador” se refiere a las presuntas violaciones de derechos de Beatriz y su familia debido a la prohibición absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo en El Salvador. Esto habría impedido que accediera a una interrupción legal, temprana y oportuna, a pesar del riesgo a su vida, salud e integridad personal.
El 7 de marzo de 2013, los médicos que atendieron a Beatriz determinaron que el feto tenía una malformación congénita incompatible con la vida extrauterina. También señalaron que, si el embarazo continuaba, ella podría morir.
A pesar de ello, no se permitió la interrupción del embarazo, incluso después de un reclamo ante la Sala Constitucional de El Salvador. Beatriz dio a luz a un bebé que falleció cinco horas después de nacer.
