Reforma Migratoria y Gentrificación en Costa Rica: Soluciones para un Futuro Sostenible.

Herman Duarte HD@simple-legal.consulting | Lunes 20 enero, 2025

Disclaimer: Este artículo trata únicamente sobre aspectos administrativos y económicos del sistema migratorio costarricense, enfocado en turistas y personas interesadas en residir en el país. No incluye ni aborda temas relacionados con la migración humanitaria, como el refugio o el asilo, que merecen un enfoque especial basado en principios de derechos humanos y solidaridad.

El sistema migratorio costarricense clasifica a los países del mundo en 4 categorias para determinar si sus ciudadanos requieren un visado consular previo a poder ingresar al país, o bien, si puede ingresar de manera libre con un derecho de estadía de hasta 180 días naturales en el país. La ley, establece que si una persona se excede de su tiempo de estadía, deberá pagar una multa de USD$100 por cada mes que se queda demás; alternativamente, tendrá prohíbido entrar al país el triple de tiempo del tiempo que se excedió. No obstante ello, esas sanciones son una suerte de leyenda urbana, ya que en la práctica no se aplican, es decir, que a nadie le pasa nada por violentar las leyes migratorias. Esto genera incentivos para que más de un cristiano (y algún áteo) decida quedarse en el país sin regularizar su condición migratoria, viviendo como un perpetuo turista, que se llegan a volver especialistas del arte de los border runs (práctica que implicar viajar por una hora a cualquier frontera con el objetivo de entrar y salir de Costa Rica para renovar el “sello de entrada” o visa de turista y estar “legal”).

Pongase a pensar por un minuto que le pasaría a usted si se queda un día de más a su tiempo de visa en los Estados Unidos de América… pues recibe una sanción muy clara: pierde la visa de turista y no puede volver al país por al menos 10 años. Pero en Costa Rica, al no existir sanciones y tener un sistema laxo para, sin límites de visitas anuales, y que además le permite entrar al país hasta por 180 días, ha generado incentivos para que exista un grupo de personas que se asienten en el país, pero que no contribuyen con las cargas tributarias, fiscales y sociales que implica vivir en Costa Rica. Por ejemplo, cada turista que quiere volverse un residente, debe pagar una tarifa para la Dirección General de Migración y Extranjería; si la persona no aplica a una residencia, pues el Estado no cobra nada.

Esa miopía en crear incentivos perversos, combinado con las dificultades que existen para aplicar y obtener una residencia, genera una serie de incentivos para no reguralizarse. Por suerte, los incentivos se pueden cambiar fácilmente, sin generar costo alguno, lo cual además puede venir a liberar un poco la presión social que existe alrededor de la gentrificación que se ha generado en diferentes regiones en el país. Es evidente que se necesitan cambios urgentes para garantizar un equilibrio entre el atractivo del país como destino internacional y la sostenibilidad económica, social y ambiental.

Este artículo propone tres reformas clave: 1) Eliminar el trámite de filiación como requisito previo en los procesos migratorios en la plataforma “Trámite Ya”; 2) reducir el periodo de visas a 30 días con un límite anual de visitas, incentivando la regularización de quienes deseen residir en el país; y 3) una popurrí de ideas suplementarias.

1.) Un cuello de botella insostenible: El trámite de filiación en el proceso de Trámite Ya

Una persona que quiera aplicar a una residencia lo pueda hacer de manera física, yendo a las oficinas de la DGME con todos los documentos originales, apostillados y traducidos por traductor oficial, haciendo colas de horas para poder presentar su aplicación; o, puede hacerlo desde la comodidad de su computadora, en tan solo 10 minutos, gracias a la genialidad del sitio web de Tramite Ya, el cual le permite aplicar a casi todo tipo de categorías migratorias disponibles (queda pendiente, por ejemplo, que agreguen la categoría de inversionista).

Si usted decide iniciar un proceso de manera digital, debe saber que el proceso lleva dos partes: i) La primera parte se llama filiación: es en este momento donde la honorable DGME revisa un formulario de información general (edad, dirección, padres, estado civil, etc) poder especial, consentimiento informado, fotografía y pasaporte. Esta etapa tarda entre 15-30 días naturales, y con la resolución favorable se crea un número de expediente y se permite continuar a la segunda etapa. ii)La segunda etapa, es la aplicación de fondo: Esta etapa solo es accesible al completar de manera éxitosa el trámite de filiación, ya que se inicia al colocar el número de expediente que se asigna en la étapa de filiación. En esta etapa es donde la persona aplicante elige la categoría migratoria a la cual va aplicar, cabe señalar que de manera digital no se puede aplicar a todas las categorias, solamente algunas de estas, como por ejemplo:

• Rentista o ingresos fijos: Si tienes una renta fija, constante, segura de USD$2500

• Pensionado: Si tienes una pensión de al menos USD$1000 mensuales, también puedes optar por la residencia.

• Gerente de empresa inscrita en COMEX.

• Residencia por vínculo matrimonial o por tener hijos costarricenses.

• Visa para nómadas digitales: Si has ganado más de USD$3000 mensuales o USD$36,000 anuales en los últimos 12 meses, puedes aplicar para esta categoría.

Es decir que es en esta segunda etapa cuando se presentan todos los requisitos de fondo, incluyendo documentos personales de gran importancia como antecedentes penales, partida de nacimiento, pago al gobierno de las tarifas de aplicación (no es un trámite gratuíto), entre otros, como los documentos que demuestre que cumple con los requisitos para obtener la residencia. Cabe señalar que en esta segunda etapa, nuevamente la honorable DGME revisa el formulario, poderes y pasaporte, repitiendo el trabajo efectuado en la primera etapa. No hay que ser ingeniero, ni traer a un grupo de INCAISTAS para que hagan su trabajo de graduación para darse cuenta que esta duplicidad de requisitos aumenta los costos, tanto en tiempo como en recursos, y contradice los principios de modernización administrativa y digitalización que deberían regir un sistema migratorio del siglo XXI.

Entre la primera etapa y la segunda usualmente transcurren entre 15-30 días, pero en algunos casos puede ser hasta más tiempo. Lo cierto es que el trámite de filiación no solo es redundante, sino también representa un obstáculo que agrava la acumulación de expedientes y el recargo desmedido de trabajo para los excelentes profesionales de la DGME.

El problema surge, que el sistema para aplicar de manera digital,Trámite Ya, esta viviendo una verdadera crisis a raíz de un problema de ciberseguridad que sufrió a finales del año 2024. Como consecuencia de ello, el sistema ha inhabilitado la primera etapa de filiación, y por ende, no se puede utilizar para casos nuevos. Esto implica que todos los procesos deben hacerse de manera presencial. Además, producto del probelma de ciberseguridad, aquellos casos que se encontraban pendientes de resolución de la filiación (y así poder pasar a la segunda etapa o aplicación de fondo) la DGME ha ordenado a que se lleven de manera física para su revisión. Vaciando de todo contenido al sistema digital que viene a reducir los tiempos considerablemente.

En este contexto, me parece que la propuesta eliminar el trámite de filiación, viene a beneficiar al país, ya que vuelve a la vida a la tan valiosa plataforma Trámite Ya, ya que las personas podrán volver a usarlas haciendo aplicaciones de fondo, eliminando barreras de acceso a los procedimientos de regularización migratoria que ofrece al país. De nuevo, basta ponerse a pensar como un migrante: Si le dicen que tiene que ir a hacer cola por 3 horas para poder presentar papeles para iniciar un trámite, versús, hacer una aplicación en línea que le va tomar a lo sumo unos minutos, ¿Cuál prefiere? En muchos casos, esas 3 horas de cola, puede significar un incentivo perverso para que la persona decida no regularizarse, y por ende, afectar al sistema migratorio del país.

Además, revivir la plataforma para aplicar de manera digital, apoyará en los siguientes puntos:

• Reactivar el sistema migratorio: Al eliminar este trámite, los usuarios podrían avanzar directamente a la etapa de fondo, aliviando la presión sobre el sistema y mitigando los efectos del hackeo que esta sobrecargando al personal de la DGME con más aplicaciones en físico.

• Ahorro de recursos: Menos papel, menos transporte de documentos y menos horas invertidas en tareas repetitivas significan un sistema más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

• Mayor eficiencia administrativa: El personal migratorio podría concentrarse en lo que realmente importa: evaluar y resolver expedientes, optimizando los tiempos de respuesta.

• Reducción de costos y tiempos para los usuarios: Los solicitantes ahorrarían dinero, tiempo y energía al evitar la duplicidad de esfuerzos y desplazamientos innecesarios.

• Incentivo para regularización: Desde una perspectiva de Law and Economics, simplificar los procesos genera un incentivo positivo para que las personas opten por regularizar su situación migratoria. Cuando los costos de transacción —en términos de tiempo, esfuerzo y recursos— se reducen, más individuos encuentran atractivo seguir las reglas formales en lugar de operar en la informalidad. Este enfoque no solo mejora la recaudación fiscal y el cumplimiento de obligaciones legales, sino que también fortalece la confianza en las instituciones migratorias.

2. El problema de las visas de 180 días

Actualmente, Costa Rica permite que visitantes de las naciones clasificadas en el grupo 1 puedan permanecer hasta 180 días sin necesidad de obtener una residencia. Esta fue una medida adoptada en el presente gobierno, donde se cambió el período de estadía de 90 a 180 días. Si bien esta política promueve el turismo, también ha facilitado la permanencia de personas que residen informalmente en el país sin pagar impuestos, y sin contribuir formalmente a la economía. Un ejemplo de esto lo vemos en los miles de nómadas digitales que decidieron quedarse en el país, sin aplicar a la categoría migratoria de visado para nómada digital la cual le permite al gobierno cobrar por cada aplicante.

Por ello, vale la pena analizar el impacto que extender el plazo de estadía, pudo generar al país, y si dicho impacto ha sido positivo, esperado y deseado.No podemos olvidar o dejar de mencionar que migrar a un país es complicado, y que se debe hacer siguiendo las reglas definidas en las leyes del país, y que en muchos de estos casos, además, se trata de personas que no podrían tampoco a optar a alguna de las categorías migratorias para formalizar su situación regular.

Un sistema migratorio que crea incentivos para la no regualización del estatus migratorio (como crear facilidades para vivir en el país de manera irregular, colas largas, trámites complejos para aplicar), puede tener como resultado que las personas no quieran migrar legalmente, y por ende:

• Saturan los servicios públicos: La presión sobre los servicios de salud, infraestructura y educación aumenta considerablemente con la presencia de personas no regularizadas.

• Fomenta la informalidad: Muchos visitantes encuentran maneras de extender su estadía más allá de los 180 días sin regularizarse, lo que genera un vacío fiscal y laboral.

• Desincentiva la inversión: Un sistema laxo no diferencia entre quienes contribuyen al desarrollo del país y quienes simplemente aprovechan las facilidades migratorias sin retribuir.

• Distorsión del mercado laboral: La oferta de trabajo informal puede reducir los salarios y condiciones laborales en ciertos sectores, perjudicando especialmente a los trabajadores locales.

• Dificultad en la planificación pública: Las autoridades no tienen un registro claro de la cantidad de personas que permanecen en el país, lo que dificulta la planificación en áreas clave como infraestructura, salud, transporte público y servicios de emergencia.

• Mayor riesgo de explotación laboral: Las personas que trabajan sin autorización a menudo aceptan condiciones precarias o abusivas porque no cuentan con la protección de la ley laboral, lo cual fomenta la existencia de empleadores inescrupulosos.

• Fuga de talento local: La saturación del mercado laboral y las condiciones desventajosas para los locales pueden incentivar que los jóvenes con talento emigren en busca de mejores oportunidades en otros países.

• Aumento de precios y saturación de viviendas disponibles: La llegada de personas que permanecen sin autorización incrementa la demanda de viviendas, especialmente en áreas urbanas o de alta concentración laboral. Esto genera un aumento en los precios de alquiler y una sobrecarga de la infraestructura habitacional, dificultando el acceso a viviendas asequibles para los residentes locales y causando problemas de hacinamiento y deterioro en las condiciones de vida.

• Escasez de empleos y degradación de condiciones laborales: El incremento en la población trabajadora no regularizada genera una mayor competencia por los trabajos disponibles, especialmente en sectores como la construcción, el comercio minorista y el servicio doméstico. Además, al aceptar trabajar en condiciones precarias y sin derechos laborales, estas personas contribuyen a la existencia de empleos mal remunerados y sin protección, lo que afecta negativamente a todo el mercado laboral.

En este sentido, me parece importante abrir de nuevo la discusión sobre cuál es el plazo idóneo para entregar a los turista¿180, 90, 45 o 30 días?. Lo cierto es que el número exacto deberá determinarse con base a un análisis técnico del tiempo promedio el cual se queda un turista en el país, y la cantidad de dinero que aporta, versus el impacto que puede generar en una comunidad, pues las comunidades deben escucharse también. Además se puede combinar con el establecer un límite de visitas anuales, de esta manera también, se puede bloquear los border runs (práctica sumamente arraigada en la cual una persona decide violentar las leyes migratorias del país, decidiendo vivir en el país pero que en lugar de regularizarse, simplemente va un día a la frontera y regresa al país con un nuevo sello de entrada de 180 días).

Al reducir el tiempo de estadía se pueden generar incentivos para que las personas se regularizen que permita:

• Fomento de la regularización migratoria: Los extranjeros interesados en residir en Costa Rica deberán optar por categorías migratorias formales, como rentista, inversionista, pensionado, trabajador especializado bajo dependencia, gerente de empresa, visado de nómada digital, etc. Estas categorías garantizan que quienes permanezcan en el país contribuyan de manera económica y social al desarrollo nacional. Aunque no todos los solicitantes podrán obtener la categoría migratoria deseada, el sistema establecerá filtros claros y efectivos, asegurando una gestión transparente y ordenada del proceso migratorio, alineada con los intereses del país.

• Recaudación fiscal: Un sistema más estricto facilitaría la identificación y registro de extranjeros que, al regularizarse, deberán cumplir con obligaciones tributarias y laborales,además deberá pagar las tarifas de aplicación a la Dirección General de Migración y Extranjería, lo cual le permitirá recaudar.

• Control de saturación poblacional: Un sistema que limite la permanencia ayudará a garantizar que quienes residan en el país lo hagan en condiciones formales, reduciendo la presión sobre servicios críticos.

• Impulso al desarrollo económico: Promover las categorías de residencia actuales asegura un flujo de extranjeros que aporten a la economía a través de la creación de empleos y transferencia de conocimientos.

3. Bonus: Revisión y Tarifas diferenciadas

Otras ideas que propongo para la revisión de las autoridades correspondientes son:

• Revisión integral de las categorías migratorias económicas:Es imprescindible uniformizar los requisitos económicos de las categorías migratorias en Costa Rica: $1,000 para pensionados, $2,500 para rentistas, $3,000 para nómadas digitales y $150,000 para inversionistas. Estas diferencias reflejan normas creadas en distintos momentos históricos, lo que genera inconsistencias y desigualdades en el sistema migratorio.Además, existe una creciente migración de pensionados que buscan establecerse en el país para acceder a los beneficios de la seguridad social, lo cual ejerce una presión significativa sobre la capacidad del sistema de salud y otros servicios públicos. Es necesario analizar este fenómeno de manera integral, ajustando las políticas para garantizar un balance entre la atracción de residentes extranjeros y la sostenibilidad de las instituciones nacionales.

• Implementar un sistema de tarifas de aplicación diferenciadas que ofrezca opciones de procesamiento acelerado, permitiendo respuestas en un plazo de hasta una semana, como ya ocurre en países como Panamá, Dubái y Catar. Estas tarifas premium generarían ingresos adicionales que podrían ser destinados a programas diseñados para contrarrestar los efectos de la gentrificación. Los fondos recaudados podrían financiar iniciativas como la creación de vivienda asequible, el fortalecimiento de infraestructura comunitaria en áreas afectadas y el desarrollo de programas de integración local, promoviendo así un equilibrio entre el ingreso de nuevos residentes y el bienestar de las comunidades locales.

Conclusión

Costa Rica enfrenta el reto de equilibrar su atractivo como destino internacional con la necesidad de mantener un sistema sostenible para sus ciudadanos y residentes.

Es fundamental que las reformas al sistema migratorio costarricense se diseñen con un enfoque integral que equilibre la eficiencia administrativa y económica con el respeto a los derechos humanos. Al simplificar los procesos y establecer controles más estrictos, es igualmente crucial garantizar que las medidas no penalicen de manera desproporcionada a personas en situación de vulnerabilidad, como solicitantes de refugio o quienes buscan una mejor calidad de vida en el país. Incluir programas de orientación y apoyo para la regularización migratoria, así como crear mecanismos de integración social, puede fomentar un sistema más justo y sostenible que responda a las necesidades tanto de los ciudadanos como de los migrantes, promoviendo una convivencia armoniosa y respetuosa.

La eliminación del trámite de filiación para trámites digitales y la reducción de las visas de 180 a 30 días, junto con un límite anual de visitas, son medidas esenciales para garantizar que quienes vivan en el país contribuyan al desarrollo económico y social. Estas reformas no solo aliviarían la carga actual sobre el sistema, sino que también sentarían las bases para un futuro donde la administración pública sea sinónimo de agilidad, transparencia y modernidad. Es un paso necesario hacia un futuro más equitativo y sostenible.

Reforma Migratoria y Gentrificación en Costa Rica: Soluciones para un Futuro Sostenible.

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