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Tomas Nassar tnassar@nassarabogados.com | Jueves 19 marzo, 2015


La mayoría de los estados responsables y de las organizaciones internacionales adversan estos sistemas (“Banderas de Conveniencia”)

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Diez con hueco legislativo

Con la loable justificación de prevenir los accidentes de mar, algo en lo que todos coincidimos, el Presidente de la República y el Ministro de la Presidencia enviaron a sesiones extraordinarias el Proyecto de Ley de Navegación y su texto sustitutivo, que se tramita en la Comisión de Gobierno y Administración.
Les concedo buena fe en la embarcada que algunos intentan pegarles.
Una detallada lectura de este documento, que se quiere vender como la panacea para evitar tragedias en las aguas territoriales y proteger el medio ambiente acuático, hace arribar a cualquier conocedor sospechoso, a la conclusión de que le inspiran inconfesables propósitos que es urgente identificar para, por supuesto, impedir su concreción.
Desde 1958 el legislador nacional derogó las facultades concedidas por la Ley 12 de 1942 a los cónsules de la República para otorgar la bandera costarricense a buques que navegaban por los mares del mundo sin control de ninguna especie.
Este proyecto pretende restablecer esas facultades consulares sin reparar en las causas que dieron origen a la derogatoria promovida por el Dip. Cordero Croceri en su oportunidad: el abuso descontrolado en la concesión del pabellón nacional a cualquier tipo de naves y las nefastas consecuencias de todo tipo que tal despropósito acarreó y puede acarrear.
La intención de la administración marítima, amparada detrás del telón de la seguridad de la navegación, loable pero no necesariamente sincero leitmotif del proyecto, es incrementar el número de naves bajo registro costarricense, a tontas y locas, compitiendo con países que hoy, lamentablemente, se han constituido en lo que se conoce como “Banderas de Conveniencia”.
Un pabellón de conveniencia es aquél que escoge el naviero para matricular los buques de su propiedad, dados los bajos estándares de supervisión que el Estado correspondiente ejerce sobre esas naves.
Básicamente, se puede decir que es el ideal de los buques sub-estandar, o sea, los que no pueden acceder al registro en países altamente exigentes en materia de navegabilidad, control de tráficos, protección de sus tripulantes y prevención de la contaminación marina, etc.
Ciertamente hay un número importante de navieros que opta por esas matrículas que pueden llegar a convertirse en patentes de corso en manos de armadores inescrupulosos. Por eso, precisamente, la mayoría de los estados responsables y de las organizaciones internacionales adversan estos sistemas.
No se puede perder de vista que Costa Rica carece por completo de los profesionales y de los medios mínimos requeridos para controlar los buques que naveguen por los mares del mundo bajo la protección de nuestra bandera.
Pasar esa ley sin promover un debate nacional, en el que participen los gremios de trabajadores del mar, los navieros, las instancias de protección al medio ambiente, sin consultar a las organizaciones internacionales y sin que se revise con lupa su texto engañoso y peligroso, sería dejar que le metan un diez con hueco a los diputados.
Peor que eso, sería como poner en venta el pasaporte costarricense a buen precio para que cualquiera lo pueda ostentar en sus tropelías internacionales.
Y eso, definitivamente, no es lo que queremos.

Tomás Nassar

 

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