ENTRE LAS AULAS Y LAS CALLES

Lo que hace falta en transportes

La semana pasada el presidente de la República tomó la decisión de remover de su cargo al viceministro de Transportes, Sebastián Urbina, por motivos que no quedan claros entre la comunicación oficial y la prensa. De las primeras se extrae que la destitución se dio para agilizar el proceso de negociación; mientras que de las segundas, que se dio por roce con los gremios de autobuseros. Desde luego que, por la usualmente débil comunicación manejada por el Poder Ejecutivo, la versión de la prensa y las declaraciones de Urbina trascendieron mucho más y dejaron un mensaje muy triste y preocupante: si los autobuseros lo exigen, el Gobierno remueve al jerarca que ellos deseen. Un jerarca que fue claro en posicionarse en contra del interés de estos gremios, donde han superpuesto su beneficio económico particular sobre el beneficio de la población que necesitan un mejor transporte público. Sea cual sea el motivo real de la destitución, ese fue el mensaje que quedó. El cual opacó por completo el tremendo logro de esos mismos días de haber renegociado a la baja la convención colectiva de Recope, solo por fallas en la comunicación oficial.
Pero lo más lamentable es la realidad que ha perdurado por décadas y que ha evitado que el transporte público mejore: los intereses económicos de ciertos pequeños grupos. Sea la oposición a mejorar la red de trenes (que nos mantuvo sin trenes por casi décadas), o a más rutas de buses intersectoriales, o la resectorización de esas rutas, o a un tren eléctrico o al cobro electrónico. Si todas son medidas que mejoran sustancialmente el transporte público, ¿por qué ha costado tanto implementarlas? Al ver los ligámenes que ha habido históricamente entre los gremios cuyos negocios dejan de ser tan lucrativos con un red de transporte más eficiente y las personas que han estado en el Gobierno o en la Asamblea Legislativa, la pregunta se responde sola. Indignación es lo que debería esto causarnos. Y este es un gran paso que sí debe reconocérsele a este Gobierno: aunque su estrategia pueda fallar, su intención sin duda va orientada a no favorecer más pequeños intereses económicos sobre el bienestar más general de la población; como sí lo han hecho los anteriores, y muchos diputados hoy sentados en la Asamblea.
Y es que la solución a los enormes embotellamientos y dificultades en la movilidad en las ciudades de Costa Rica pasan por el transporte público, y por un cambio en la cultura de movilidad. No pasan por hacer más y más carreteras, porque eso tiene un techo donde ya no es posible construir más, y estamos próximos a alcanzar ese techo, aunque nuestras ciudades seguirán creciendo. Pensar que hacer más carreteras es la solución es como seguir agrandando la ropa de una persona que no deja de ganar peso en el tiempo: tarde o temprano será insostenible.
Cualquier ciudad grande en el mundo es ejemplo: es necesario que la gente deje su carro en la casa para moverse a su trabajo o centro de estudio; en especial aquellos que viajan solos, que son la mayoría y la principal causa de la saturación en las calles. Pero para que esto se dé, es necesaria una red de transporte público mucho más rápida, eficiente y diversificada, además de vías más amigables y seguras para medios de transporte como bicicletas o los mismos peatones. Sin este cambio cultural, será imposible arreglar nuestro severo problema de movilidad urbana.

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